SANTIAGO TOSTE | PUERTO DE LA CRUZ La decisión de rehabilitar o demoler el edificio Iders del Puerto de la Cruz han de adoptarla sus propietarios por unanimidad. Ésta es la última consecuencia -o si se prefiere, la penúltima vuelta de tuerca- que se desprende de la parte judicial del interminable conflicto en el que se encuentra inmerso el inmueble situado en la avenida Familia Betancourt y Molina, desde que a finales de 1991 fuera desalojado por sufrir aluminosis, a pesar de que con el tiempo quedó claro que la ‘enfermedad del cemento’ era únicamente parcial y no afectaba a su estructura.
Complejo panorama
La noticia fue dada a conocer ayer por fuentes cercanas a los abogados que representan a la comunidad de propietarios, desde donde señalaron que a pesar de que esta sentencia estima el recurso presentado en su día por la otra parte, “no hay que entenderla como la victoria de unos y la derrota de otros”, sino que, en todo caso, “clarifica mucho la situación”. “La necesidad de que haya unanimidad acerca del futuro del edificio Iders -explicaron-, implica que nadie puede ir por libre, sino que obliga a todas las partes a sentarse ante una mesa y buscar una solución desde el diálogo”. Sin embargo, desde otra perspectiva también puede entenderse que el conflicto encara ahora un panorama mucho más complejo si cabe, pues aunque de forma mayoritaria se opte por derribar o por reconstruir el inmueble, “basta con que una persona se oponga a cualquiera de estas opciones que se acuerden para que no pueda llevarse a cabo”.
El último precedente a dicha resolución judicial tuvo lugar en marzo, cuando se dio a conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) había ratificado la nulidad de la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento portuense para rehabilitar el Iders. Ese fallo, con fecha 5 de marzo, desestimó el recurso de apelación presentado por el Consistorio contra una sentencia anterior (26 de marzo de 2009) del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Tres de Santa Cruz de Tenerife. En ambos casos se consideró contrarias a derecho tanto la resolución de la Alcaldía del 12 de mayo de 2006, que indicaba que se habían cumplido los requisitos para conceder la licencia urbanística de obras mayores y acometer la rehabilitación, como la que se emitió tres días más tarde para otorgar dicha licencia.
El principal argumento esgrimido es que el acuerdo para solicitar la autorización con la finalidad de reformar el edificio tenía que haberse alcanzado por unanimidad, como defendió la persona contraria a la reforma, y no por mayoría, como sostuvo la Administración local y el resto de propietarios. Este punto de vista se basa en el hecho de que el coste de la rehabilitación superaría el 50% del valor total que hoy posee el inmueble del Iders.
